Inmunidad electoral: ¿protección democrática o privilegio procesal?

El proceso electoral para las elecciones seccionales correspondientes al año 2027, ha entrado en un momento decisivo una vez que hoy 17 de agosto de 2026 se termina el plazo para la inscripción de candidaturas, al respecto, y considerando que muchos candidatos involucrados en procesos judiciales de carácter penal, han visto en esta figura electoral una manera de blindarse y protegerse ante medidas y resoluciones que podrían afectar sus intereses, al respecto analizaremos el fundamento de base para generar tal efecto jurídico.

El Código de la Democracia determina en el artículo 108, inciso tercero " (...) Las candidatas y candidatos no podrán ser privados de la libertad ni procesados penalmente desde el momento de la calificación hasta la proclamación de resultados ni enjuiciados, salvo los casos de delito flagrante, delitos sexuales, violencia de género e intrafamiliar. Proclamados los resultados podrán activarse procesos penales contra ellos, y solo los candidato o candidatos ganadores gozarán de fuero de Corte Nacional o Provincial según corresponda, excepto en delitos de violencia intrafamiliar que no se reconoce fuero alguno. (...) ".

El inciso tercero del artículo 108 del Código de la Democracia establece una inmunidad temporal para las candidatas y candidatos, desde la calificación de la candidatura hasta la proclamación de resultados. Durante este período, no pueden ser privados de su libertad ni procesados penalmente, salvo excepciones expresamente previstas: delito flagrante, delitos sexuales y violencia de género o intrafamiliar.

Esta protección no debe confundirse con impunidad. Su finalidad es evitar que el poder coercitivo del Estado interfiera indebidamente en la participación política durante un proceso electoral. De hecho, el Tribunal Contencioso Electoral ha sostenido que se trata de una inmunidad temporal, vinculada estrictamente a la condición de candidato y al período electoral.

Un punto especialmente relevante es que esta norma no convierte al candidato en inmune frente a procesos penales iniciados con anterioridad a la calificación de su candidatura. La protección tiene un ámbito temporal determinado y no puede utilizarse como mecanismo para paralizar indefinidamente la administración de justicia.

La discusión jurídica, por tanto, no debería centrarse únicamente en si existe inmunidad, sino en cuál es su alcance, desde cuándo opera y hasta dónde puede llegar sin convertirse en un instrumento de evasión de la justicia.