Un escenario incierto y novedoso se instala en el país desde este 17 de mayo, tras la firma del decreto ejecutivo 741 que da paso por vez primera, desde la vigencia de la constitución del 2008 a la denominada “muerte cruzada” establecida en la el artículo 148 de la Constitución de la República del Ecuador.
Este mecanismo constitucional permite llamar a elecciones para renovar el poder ejecutivo y legislativo.
El decreto justifica su razón debido a la “grave conmoción interna” que atraviesa el Ecuador, esto, en medio de un proceso de juicio político que llevaba adelante la extinta Asamblea Nacional.
Con este decreto también, se dispone que se notifique al Consejo Nacional Electoral (CNE) para que en un plazo de siete días convoque a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos.
Las elecciones generales deben realizarse en un plazo de 90 días, tomando en cuenta la fecha de emisión del decreto 741, se calcula que estas se desarrollarán en la segunda semana de agosto de 2023, y en razón de los resultados, se determinará si se da paso al balotaje, el cual se desarrollaría en 45 días. De este modo, Ecuador al cabo de seis meses podría tener nuevo gobierno, es decir en este mismo año.
En este nuevo escenario político nacional, y hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, el presidente de la República Guillermo Lasso podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, expedir decretos-leyes de urgencia económica, que podrá ser aprobado o derogados por el órgano legislativo.
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